El 11 de abril de 1935, aparecía en el número 4 del diario Arriba Una nota de la Falange. Ante la profanación de la tumba de Fermín Galán, capitán sublevado en Jaca y símbolo de la Segunda República, la nota decía lo siguiente: «La Falange Española de las J. O. N. S., ante las primeras noticias de haber sido profanadas las tumbas de los capitanes Galán y García Hernández, no quiere demorar por veinticuatro horas su repulsión hacia los cobardes autores de semejante acto. Quien demostrara su aquiescencia para tan macabra villanía no tendría asegurada ni por un instante su permanencia en Falange Española y de las J. O. N. S., porque en sus filas se conoce muy bien el decoro de morir por una idea».
Pese a que no aparece rúbrica que señale al autor del artículo, la corrección que caracterizaba a José Antonio Primo de Rivera puede percibirse entre sus líneas. Si el líder de la adaptación del fascismo italiano a los valores católicos y universales de España describía el acto de profanar la tumba de alguien en sus antípodas ideológicas como una «macabra villanía» y amenazaba a sus camaradas con la expulsión del partido, hemos de plantearnos cómo describir lo que ha hecho este 24 de abril el Gobierno del PSOE con los restos de una víctima de la Guerra Civil en tiempos de «democracia civilizada».
La represión del Frente Popular
A pesar de la magnitud intelectual que ni sus adversarios políticos negaron, José Antonio inició en España un movimiento de vanguardia —que ya era común en los años 20 y 30 en Europa— que, en realidad, en el momento de estallar la Guerra Civil Española apenas contaba con 10.000 afiliados.
Las elecciones de febrero de 1936 dieron el poder al Frente Popular, que comenzó a realizar toda una serie de movimientos destinados a reprimir y atacar a todos los partidos que se encontraran a su derecha. Así, la sede de Falange Española en Madrid fue clausurada el 27 de febrero de 1936 bajo la acusación de tenencia ilícita de armas. Con una escalada notoria de violencia, José Antonio fue detenido el 14 de marzo de 1936 junto a varios miembros de la Junta Política de Falange bajo la acusación de violar el precinto policial de la clausurada sede de su partido.
Los jerarcas falangistas fueron llevados a los calabozos de la Dirección General de Seguridad. Tras ello, tanto él como sus camaradas recibieron una condena por asociación ilícita y se les trasladó a la cárcel Modelo. Mientras tanto, el Gobierno continuó clausurando sedes y periódicos de Falange, algo que no sucedió con ninguna de las otras fuerzas derechistas.
Las condenas judiciales a José Antonio continuaron incrementándose. La más importante de ellas fue la que le sentenció a cinco meses más de prisión por posesión de armas, pues la policía había encontrado varias pistolas durante un registro en su domicilio. La condena se dictó el 28 de mayo y el 5 de junio fue trasladado, junto con su hermano Miguel, a la Prisión de Alicante.
De Madrid a Alicante
Allí, José Antonio se enteró del asesinato de Calvo Sotelo y del alzamiento militar, donde no tuvo intervención, debido a que llevaba detenido desde el 14 de marzo. Una vez iniciado el conflicto armado, José Antonio se ofreció para ir a Burgos a mediar para conseguir un armisticio.
José Antonio en la Cárcel Modelo de Madrid
Los puntos de su plan se conocen muy bien, pues fueron encontrados entre los papeles de su celda tras su fusilamiento. En él, llegaba a proponer la formación de un Gobierno en el que figuraban nombres como Diego Martínez Barrio, Melquiades Álvarez, Miguel Maura e, incluso, Indalecio Prieto al frente de la cartera de Obras Públicas.
La vida de José Antonio transcurrió en prisión con relativa normalidad hasta mediados de agosto de 1936. La situación cambió cuando se nombró director de la cárcel a Adolfo M. Crespo Obrios, quien registró las celdas de los hermanos Primo de Rivera y, al encontrar dos pistolas, les aisló y notificó todo a Madrid. A consecuencia de ello, Miguel y José Antonio, junto con Margarita Larios, fueron de nuevo procesados. Mientras todo esto sucedía en Alicante, los frentepopulistas habían asaltado la Modelo de Madrid y asesinado a su hermano Fernando y a su camarada Julio Ruiz de Alda, algo de lo que José Antonio no tuvo noticia debido a su aislamiento.
Juicio y ejecución
Fue entonces cuando el Comité de Orden Público de Alicante, a propuesta del Partido Comunista, decidió ejecutar a Miguel y José Antonio. La primera opción que se barajó fue que, con la excusa de un traslado a Cartagena, fueran “paseados”. Pero finalmente el juicio que marcaría el inicio del destino de José Antonio tuvo lugar el 3 de octubre de 1936. La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo nombró al juez Federico Enjuto Ferrán —masón, amigo de Prieto y juez municipal al inicio de la Segunda República— para que instruyera el caso. El fiscal, Vidal Gil Tirado, fue nombrado a petición del ministro de Justicia Juan García Oliver. Ambos incidieron en la necesidad de acelerar el fusilamiento de José Antonio. Así, tras tomar el tribunal declaraciones durante las tres primeras semanas de noviembre, el día 18 José Antonio fue condenado a muerte por rebelión militar —a pesar de no haber estado implicado en el alzamiento— y, al alba del día 20, fusilado.
Cuando el amanecer dejaba ver los primeros rayos de luz del día 20 de noviembre, José Antonio sucumbió ante las balas al grito de “¡Arriba España!”. Su cuerpo fue arrojado a una fosa común en el cementerio de Alicante y, al caer la ciudad en manos de los nacionales, sus camaradas quisieron dar con sus restos para otorgarles una sepultura digna. En primer lugar, se le trasladó a un nicho propio en el cementerio alicantino y, con el fin de la guerra, su féretro fue envuelto en seda negra y trasladado a hombros hasta el monasterio de San Lorenzo del Escorial, en un trayecto que duró más de diez días.
Camaradas y amigos de José Antonio, como Serrano Suñer o Sánchez Mazas, cargaron con su ataúd y, el 30 de noviembre de 1936, sus restos fueron depositados a los pies del altar mayor de la basílica monasterial. El 31 de marzo de 1959, esta vez envuelto en la bandera rojinegra con el yugo y las flechas, su cuerpo fue movido de nuevo para ser alojado en el Valle de los Caídos.
La profanación motivada por el Gobierno del PSOE, partido implicado en su enjuiciamiento y ejecución, ha causado el quinto entierro de José Antonio. Sin embargo, allí donde reposen sus huesos siempre habrá cinco rosas rojas que recuerden al poeta que fue y al que la historia ha dado su lugar. Él mismo nos enseñó que a los pueblos no los han movido nunca más que lo poetas y que, frente a la poesía que destruye, siempre triunfará la poesía que promete.
