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En 1989, el célebre historiador Francis Fukuyama enunció su teoría del fin de la Historia. Tras la caída de la Unión Soviética, decía, el triunfo definitivo del modelo democrático liberal acabará con la Historia entendida como una lucha entre ideologías. En 1992 desarrolló la idea en un ensayo de éxito mundial, pero no contempló una variable que sería la que acabaría finalmente con esta disciplina en el año 2022: Pedro Sánchez.

Este septiembre entra en vigor la nueva ley educativa, la LOMLOE, que empieza a aplicarse en los cursos impares en todos los colegios e institutos de España. La famosa ley Celaá, que perdió su nombre y a su ministra por el camino, supone una revolución en la forma de dar clase, una revolución basada en los nuevos paradigmas pedagógicos que pretenden adaptarse a una sociedad cambiante y compleja promoviendo el “saber hacer”, desterrando el clásico modelo educativo basado en la memorización de contenidos.

A pesar de esta pretensión, aparentemente positiva, diversos autores han alzado la voz ante lo que han denominado la “infantilización” de la Secundaria y el Bachillerato, y por tanto del estudiante universitario del futuro, ya que el alumnado está cada vez más acostumbrado a lo útil, ligero y divertido, alejándose paulatinamente del pensamiento abstracto y, sobre todo, del esfuerzo.  Ya el curso pasado entró en vigor el apartado de la Ley relativo a la evaluación, de modo que este pasado mes de junio los alumnos de todo el país han pasado de curso o titulado con varias asignaturas suspensas. El Gobierno ha acabado con el fracaso escolar por la vía de aprobar a todo el mundo.

La politización de la Historia

Pero lo que queremos destacar de esta reforma es el trato que se da a la asignatura de Geografía e Historia en la ESO, diseñada bajo unos parámetros que facilitan la total manipulación y el adoctrinamiento ideológico de los alumnos. Para «no incurrir en enfoques exclusivamente academicistas», dice el texto, ya no será una obligación tener que estudiar la historia de Grecia y Roma, a los Reyes Católicos o a Isabel II. Los criterios ya no serán académicos, sino políticos.

El Gobierno ha planteado un temario sin orden cronológico ni secuenciación de contenidos por cursos, con unos epígrafes que parecen sacados de una docuserie sensacionalista de alguna plataforma televisiva: la “desigualdad social y la disputa por el poder”, la “marginación, segregación, control y sumisión en la historia de la Humanidad”, “la familia, el linaje y la casta”, “el papel de la religión en la organización social”, “la transformación política de los seres humanos de la servidumbre a la ciudadanía”…

Cualquier cosa cabe en esos epígrafes. Serán las comunidades autónomas y los profesores quienes los desarrollen, de forma que la Historia, como asignatura,  dejará de ser la misma ya no solo en cada autonomía sino en cada centro educativo. Como en la peor de las profecías de George Orwell, los gobiernos autónomos tendrán con esta ley vía libre para tergiversar la historia de la humanidad, seleccionando aquellos contenidos que sean favorables a la promoción de sus ideas e intereses políticos y dejando el resto de temas supeditados a la dictadura del pensamiento «woke» y a la cultura de la cancelación, pues los epígrafes llevan a analizar los diferentes fenómenos históricos desde una perspectiva actual y fuertemente ideologizada:  Los Objetivos del Desarrollo Sostenible aparecen en el texto nueve veces, las mismas que la palabra España, mientras que “las identidades múltiples” tienen mayor peso que las comunidades autónomas o Hispanoamérica.

La desmemoria democrática

El control ideológico sobre la enseñanza de la Historia en la educación obligatoria (en Bachillerato se sigue optando, de momento, por una secuenciación cronológica de contenidos más tradicional), tiene otro pilar indispensable en la reciente Ley de Memoria Democrática que especifica, en su artículo 45, que el sistema educativo debe tener entre sus fines el conocimiento de “la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas”, para lo que se actualizarán los contenidos curriculares y se establecerán planes de formación para el profesorado.

Des esta manera, un alumno español, en toda su educación obligatoria, no tendrá por qué aprender nada del Cid  o de Carlos V, a no ser que su profesor los use para explicar uno de los epígrafes antes mencionados, pero tendrá  la obligación de conocer en profundidad la represión franquista en los términos que dicte el Gobierno. La nueva ley educativa permite la libre y absoluta manipulación de nuestro pasado, negando a las nuevas generaciones de españoles el derecho y el deber de conocer la historia de nuestra nación que es, precisamente, lo que garantiza la unión de los territorios de España.